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28/1/23

Fundación ONCE cumple 35 años al servicio de las personas con discapacidad y sus familias









La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en septiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida.

 Además de la propia ONCE, como entidad fundadora, están presentes en la Fundación ONCE, a través de su Patronato, máximo órgano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España. También forma parte de él el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa a las principales organizaciones de personas con discapacidad de España, que representan a los 3,8 millones de personas con discapacidad y sus familias que existen en nuestro país.

La principal fuente de financiación de la Fundación ONCE para cada ejercicio proviene del 3% de los ingresos brutos obtenidos con la comercialización de los juegos de azar de la ONCE. Esta cifra supone un euro de cada tres de los que la ONCE dedica a servicios sociales

Tomando como base el lema ‘Desde la discapacidad, transformando vidas, alcanzando sueños’, Fundación ONCE diseña proyectos e implementa programas que permiten la mejora de la formación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, así como el fomento del diseño para todas las personas. De esta forma busca hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.

A lo largo de estos 35 años se han aprobado más de 52.000 proyectos de los que se han podido beneficiar cerca de 2.000 organizaciones del movimiento de personas con discapacidad. Además, en los últimos diez años se han creado 76.558 empleos para personas con discapacidad. Todo esto se puede llevar a cabo por la aportación del tres por ciento de la venta del cupón de la ONCE, así como con la financiación del Fondo Social Europeo (FSE).

Además del apoyo a terceros, Fundación ONCE desarrolla iniciativas propias como las ‘Becas Oportunidad al Talento’, el programa ‘UniDiversidad’ para promover la presencia de personas con discapacidad intelectual en la universidad, ayudas para el emprendimiento, formación tecnológica con ‘Por Talento Digital’ o el desarrollo de robots de asistencia para personas con discapacidad, entre otras.

 

26/1/23

Yemen: Urge acabar con el requisito de tutela masculina para que las mujeres salgan de prisión: Amnistía Internacional

 






El gobierno reconocido internacionalmente y las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad a todas las mujeres que han cumplido su pena de prisión pero siguen todavía recluidas arbitrariamente por falta de un tutor masculino que las ponga en libertad, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades penitenciarias de distintos puntos de Yemen mantienen encarceladas a las mujeres que han cumplido su condena si no hay ningún tutor masculino para su puesta en libertad o, si sus familiares se niegan a recibirlas, únicamente las transfieren a albergues para mujeres. Condicionar la salida de prisión de una mujer a la aprobación de un tutor masculino es una práctica tradicional que se aplicaba ya mucho antes de que surgiera el conflicto armado en 2015.

“Es inaceptable que las autoridades de Yemen sigan considerando y tratando a las mujeres como personas incompletas, sin capacidad de acción, que necesitan de un tutor masculino para desarrollar su vida cotidiana. Las costumbres tradicionales deben evolucionar, como hace toda sociedad, para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad”, ha afirmado Grazia Careccia, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades penitenciarias deben liberar de inmediato a todas aquellas mujeres —y a cualesquiera otras personas— que se hallen privadas de libertad después de haber cumplido su condena, de conformidad con el Código Penal de Yemen, su Constitución y las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Hay que poner fin a la privación de libertad injustificable y a todas las formas de discriminación por motivos de género.”

Amnistía Internacional entrevistó a una mujer que, al carecer de tutor masculino dispuesto a asumir su salida de prisión, había sido transferida a un albergue de la gobernación de Taiz, así como a una antigua empleada de la prisión central de Saná, a un abogado y a una abogada, a la directora de un albergue para mujeres de la gobernación de Taiz y a dos supervisoras de otros albergues en las gobernaciones de Adén y Saná.

“Imposible salir sin un tutor masculino”

Un antiguo empleado de la prisión central de Saná, controlada por los huzíes, explica que el requisito del tutor masculino viola los derechos de las mujeres.

“Afirman que es imposible salir sin un tutor masculino. Una mujer lleva cinco años privada de libertad arbitrariamente tras haber cumplido su condena, otra permaneció retenida en prisión durante dos meses hasta que llegó su hijo del extranjero para hacerse cargo de su salida. En 2019 se entregó una mujer a su padre, quien la asesinó apenas una semana después.”

Es inaceptable que las autoridades de Yemen sigan considerando y tratando a las mujeres como personas incompletas, sin capacidad de acción, que necesitan de un tutor masculino para desarrollar su vida cotidiana.

Grazia Careccia, Amnesty International

Dos abogados yemeníes comunicaron a Amnistía Internacional que esta práctica carecía de base jurídica y simplemente estaba arraigada en las normas sociales.

Según uno de los abogados: “La ley prohíbe la privación de libertad una vez cumplida la condena, independientemente del género de una persona. Necesitamos presión comunitaria de parte de organizaciones y activistas para acabar con esta práctica”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce explícitamente que el origen de muchos abusos contra los derechos de la mujer se halla en normas sociales y culturales nocivas. Dicha Convención obliga a los Estados a tomar las medidas adecuadas para eliminar tales normas y prevenir la discriminación de género e interseccional, la violencia por motivos de género y otros abusos relacionados contra los derechos humanos.

“No tenía adónde ir salvo al albergue”

“Radiya” cumplió su condena en la prisión central de Taiz en 2022, pero no tenía tutor masculino dispuesto a hacerse cargo de su salida de la cárcel. Su marido se había divorciado de ella y su familia la repudiaba debido al estigma social. La administración de la prisión central de la gobernación de Taiz no la puso en libertad, sino que la envió a un albergue para mujeres local, el Centro de Protección y Rehabilitación de Mujeres y Niñas.

En 2021, un vecino violó a “Radiya” en su propia casa mientras su marido y sus tres hijos estaban fuera. Su familia política la acusó de adulterio y la denunció. “Radiya” fue condenada por adulterio y pasó un año en prisión. Tratar el adulterio como delito constituye una violación del derecho de las mujeres a la intimidad, además de vulnerar la prohibición de la discriminación en la familia que se establece en la CEDAW.

“Radiya” lleva siete meses en el albergue, donde recibe formación para ser costurera, pero aún no se siente preparada para dejar el albergue o buscar trabajo.

Según relató a Amnistía Internacional: “Me encarcelaron por ser víctima de violación. Me transfirieron al albergue porque mi marido se divorció de mí y mis familiares no me permitieron regresar con ellos. Me siento oprimida y profundamente triste. Perdí a mis hijos y a mi marido, y mi familia me abandonó. Estoy deprimida. No tenía adónde ir salvo al albergue. Espero poder labrarme una nueva vida y encontrar trabajo cuando salga del albergue”.

La directora del albergue declaró a Amnistía Internacional lo siguiente: “Abrimos este albergue en 2020 y logramos trasladar a él a todas las mujeres que ya habían cumplido su condena; la fiscalía facilitó el proceso. En ese momento eran 23 mujeres”.

“Hay que apoyar a estas mujeres y ofrecerles rehabilitación para que puedan reintegrarse en la sociedad. El motivo es que se rechaza a las mujeres que han estado en prisión”.

El albergue de Taiz acoge actualmente a siete mujeres liberadas de prisión, mientras que el de Adén aloja a dos mujeres y el de Saná, a otras tres.

En los albergues, las mujeres siguen un programa de rehabilitación que las ayuda a adquirir aptitudes profesionales o a reforzarlas. Algunas mujeres se casan y dejan el albergue; otras siguen en él hasta que encuentran trabajo. En algunos casos, la administración del albergue consigue reconciliar a las mujeres con sus familiares para que puedan regresar a su hogar.

Los albergues de mujeres se coordinan con la administración penitenciaria y la fiscalía para garantizar que se transfieran las mujeres a ellos. Una vez que una mujer está preparada para abandonar definitivamente el albergue, es preciso notificarlo a las autoridades penitenciarias, aunque no exista base jurídica que impida su salida.

Abrir nuevos albergues no ataja la situación de otras mujeres que permanecen arbitrariamente en prisión después de cumplir su condena, las cuales tienen derecho a ser puestas en libertad, no a ser transferidas a un albergue.

“La tutela masculina es un instrumento de control social sobre la vida y las libertades de las mujeres, que no debe legitimarse con este tipo de prácticas. Las autoridades deben trabajar para eliminar la discriminación contra las mujeres y acabar con la tutela masculina tanto en la legislación como en la práctica, aunque para lograrlo haya que poner en entredicho las normas sociales existentes. Hay que abrir albergues para las mujeres en situación de riesgo, pero también garantizar que no se obliga a ninguna mujer a residir en ellos sin su consentimiento”, ha declarado Grazia Careccia.

16/12/22

El acceso a puestos directivos, el gran reto del empleo de las personas con discapacidad : ONCE

 




La secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación y Excelencia de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, ha informado de que las entidades emplean personas con discapacidad principalmente en áreas de operaciones (40,5%), seguidas por puestos en el departamento de Recursos Humanos (16%), y ha asegurado que el gran reto sigue siendo conseguir el acceso de trabajadores con discapacidad a los puestos de dirección.

Estos datos se desprenden del Estudio DCH-Organización Internacional de Directivos de Capital Humano- Inserta Empleo sobre la Gestión del Talento en las Personas con Discapacidad, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que Carcedo ha presentado durante el Encuentro DCH Talento Diverso + Bienestar Organizacional, celebrado en la sede de Por Talento Digital en Madrid. En la jornada ha intervenido también Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente Global DCH.

La segunda edición del Estudio DCH - Inserta Empleo sobre la Gestión del Talento en las Personas con Discapacidad busca averiguar cómo las empresas españolas administran y gestionan el talento de este colectivo. Se trata de una investigación que analiza en qué medida el tejido empresarial español integra a las personas con discapacidad en sus plantillas y desarrolla sus capacidades.

Retención del talento

Atendiendo a las políticas que utiliza la empresa para retener el talento con discapacidad, destacan aquellas relacionadas con la accesibilidad del puesto y el entorno (23,8%). A diferencia de la anterior medición ganan peso otras políticas de vinculación más allá de la discapacidad: teletrabajo (3,4 puntos más que el anterior ejercicio), beneficios sociales (1,7 puntos más que en la medición anterior) y los salarios competitivos y la retribución variables se incrementan casi un punto respectivamente.

Las medidas de Outplacement (recolocación) se han aplicado a una media de dos trabajadores con discapacidad por compañía, reduciéndose en 3 respecto a la media de la medición anterior.

Entre las razones que las empresas consideran más relevantes para que un trabajador con discapacidad cambie de empleo destacan las siguientes: conciliación entre trabajo y vida personal (14%), mayor salario (10,8%), largos desplazamientos entre la vivienda y el centro de trabajo (9,6%) y falta de oportunidades de crecimiento en la organización (8,9%).

Esta investigación se ha realizado utilizando un análisis descriptivo de los resultados obtenidos a través de una encuesta on-line. La muestra está formada por directivos de recursos humanos de grandes empresas que operan en España.

El 63,6% señala que el área de incorporación es la que más ha sufrido con la crisis sociosanitaria derivada de la pandemia, seguida del área de Desarrollo con un 19,5% de menciones.

Si bien, cuando se consulta por las principales razones para no contratar trabajadores con discapacidad, el argumento principal es la ausencia de perfiles adecuados (38,5%). Otro 15,4% señálala falta de información y asesoramiento al respecto.

En lo que respecta a las acciones de formación ofrecidas por las empresas, la participación de personas con discapacidad es significativamente mayor con una media de 172 personas, superando la medición anterior (168).

A continuación, Gonzalo Martinez Coco, Responsable Consultoría Bienestar Corporativo de AON, ha ofrecido la ponencia técnica ‘Cómo trabajar en las organizaciones el bienestar financiero’. Por su parte, Alberto Pérez, coordinador de la Secretaría General de DCH ha presentado el premio DCH / Up Spain de Salario Emocional. A continuación, se ha celebrado una mesa redonda con el título de Salud y Bienestar Organizacional y Diversidad y otra sobre diversidad.

8/12/22

Tercera Convocatoria Especial para Personas con Discapacidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones

 






 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones lanza la Tercera Convocatoria Especial para Personas con Discapacidad:

 

Se concursarán un total de 6 puestos para que sean ocupados exclusivamente por personas con discapacidad.


El registro de aspirantes se mantendrá abierto del 5 al 16 de diciembre de 2022. 


La Convocatoria puede consultarse en la siguiente liga:


https://protalentoift.ift.org.mx/pbtConcursoLista.asp


Las personas que resulten ganadoras se integrarán a trabajar el 16 de marzo de 2023.



7/12/22

Ucrania: Las personas de más edad corren mayor riesgo al no poder acceder a alojamiento en el desplazamiento tras la invasión rusa: Amnistía Internacional

 






“Durante la invasión de Rusia, ha sido desproporcionado el número de muertes y heridas entre personas de más edad, que no pueden acceder a viviendas en igualdad de condiciones con otras personas tras ser desplazadas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado ‘I used to have a home’: Older people’s experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine, documenta cómo las personas de más edad se quedan a menudo en zonas afectadas por el conflicto o no pueden huir de ellas, lo que las expone a sufrir perjuicios y a condiciones de vida peligrosas en viviendas gravemente dañadas. Gran parte de las que huyen no pueden pagar un alquiler, y miles han tenido que quedarse en instituciones estatales desbordadas que no tienen personal suficiente para proporcionar el nivel de cuidados necesario.

La invasión rusa de Ucrania, que tiene un impacto devastador en civiles de todas las edades, amenaza la integridad física de las personas más mayores y ha expulsado a millones de sus casas. En última instancia, la forma más oportuna de proteger los derechos de la población civil de más edad en Ucrania es que Rusia ponga fin a su guerra ilegítima.

La devastadora invasión rusa está teniendo un impacto desproporcionado en las personas de más edad en Ucrania.

Laura Mills, investigadora temática de Amnistía Internacional

“La devastadora invasión rusa está teniendo un impacto desproporcionado en las personas de más edad en Ucrania, donde muchas se quedan atrás, en zonas donde a menudo están en peligro de sufrir los incesantes ataques por tierra y por aire”, ha declarado Laura Mills, investigadora de Amnistía Internacional sobre personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

“Las personas de edad avanzada suelen vivir en casas inseguras o, cuando pueden huir, terminan en refugios que no tienen recursos suficientes para atender sus necesidades, sobre todo si tienen discapacidades. Desde ahí, corren el riesgo de ser internadas en instituciones estatales. Ahora que se endurece el invierno, la comunidad internacional debe actuar con urgencia para reforzar el apoyo a este grupo de personas.”



El gobierno ucraniano ha hecho esfuerzos significativos para evacuar a la población de las zonas afectadas por el conflicto, incluso con el anuncio de la evacuación obligatoria de alrededor de 200.000 personas de la región de Donetsk en julio.

Sin embargo, el coste y la logística de garantizar alojamiento a las personas de más edad desplazadas por la guerra no debe recaer sólo en Ucrania. Amnistía Internacional pide a otros países que faciliten la evacuación de estas personas —prestando especial atención a las que tienen discapacidades— a alojamientos accesibles en el extranjero cuando sea posible.

Las organizaciones internacionales deben tomar más medidas para apoyar económicamente a las personas de más edad para que puedan alquilar una vivienda y, trabajando junto con las autoridades ucranianas, incluirlas entre las que tienen prioridad para ser ubicadas en alojamientos de nueva construcción.

Riesgos desproporcionados

En Ucrania, las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población. Las personas de más edad son desproporcionadamente vulnerables a los ataques: según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que recaba datos sobre víctimas civiles en Ucrania, las personas mayores de 60 años son el 34% de la población civil que ha muerto violentamente desde febrero hasta septiembre de 2022 para casos en los que se registró la edad.

Las personas mayores, que tienen con más frecuencia problemas de salud, corren también un riesgo mayor en las zonas ocupadas, donde las fuerzas rusas han restringido severamente el acceso a la ayuda humanitaria, en flagrante violación del derecho internacional.



Svitlana*, de 64 años, que estaba en un pueblo ocupado por Rusia cerca de Járkov, dijo que su hermano de 61 años tuvo un ictus en abril de 2022. Fue hospitalizado, pero el hospital no tenía electricidad ni agua corriente. Le dieron de alta al día siguiente.

“No podían hacer nada, no podían hacer electrocardiogramas, no podían hacer electroencefalogramas, no tenían medicamentos”, dijo Svitlana. Menos de una semana después, su hermano murió por un segundo ictus, según el certificado de defunción que vio Amnistía Internacional.

Desplazamiento y aumento de la institucionalización

Muchas personas mayores desplazadas tienen dificultades para encontrar un alojamiento adecuado. Expulsadas del mercado privado por los precios cada vez más altos del alquiler y unas pensiones muy por debajo de los niveles de subsistencia, muchas de ellas corren un riesgo mayor de perder por completo el acceso a una vivienda.

Nina Silakova, de 73 años, que fue desplazada de la región de Luhansk, fue desalojada dos veces de un apartamento de alquiler: una en agosto, después de sufrir un ataque al corazón, cuando la propietaria temió tener que cuidarla, y de nuevo en octubre. A Nina le preocupaba no poder encontrar un tercer apartamento. “No hay lugares por ese precio en la ciudad porque hay muchas [personas desplazadas] […] No sé adónde ir […] ¿Y si salgo a la calle y le pregunto a la gente? La gente se limitará a pasar creyendo que soy una abuela enferma.”



Amnistía Internacional halló que los refugios eran muchas veces físicamente inaccesibles para las personas de más edad con discapacidad y que no tenían personal suficiente para ayudarlas. Como consecuencia, a menudo estas personas no tenían más remedio que vivir en una institución estatal. Según declaraciones del Ministerio de Política Social de Ucrania, solamente entre febrero y julio de 2022, al menos 4.000 personas de edad avanzada vivían en instituciones estatales tras perder su casa durante el conflicto.

No pueden pagar alquilar una vivienda, pagar los suministros, comer. Así que tenemos que enviarlas a residencias de ancianos.

Olha Volkova, que dirige un refugio para personas mayores con discapacidad desplazadas en Dnipró

Olha Volkova, que dirige un refugio para personas mayores con discapacidad desplazadas en Dnipró, dijo: “Casi el 60% de la gente [es enviada a instituciones]. No pueden pagar alquilar una vivienda, pagar los suministros, comer. Así que tenemos que enviarlas a residencias de ancianos.”

Amnistía Internacional visitó siete instituciones para personas mayores y personas con discapacidad en Ucrania y halló que estos centros no podían proporcionar el nivel de cuidados necesario —sobre todo para personas mayores con movilidad limitada— en parte porque no tienen personal suficiente para atenderlas. Entidades de observación ucranianas independientes informaron de que estas condiciones eran habituales antes de la invasión, que sólo ha exacerbado la escasez de personal.

Estamos abandonados aquí.

 Liudmyla, de 76 años, que vive en una institución en la región de Járkov

“Sólo me dan la vuelta una vez cuando me cambian el pañal por la mañana, una vez cuando me cambian el pañal por la noche […] Estamos abandonados aquí”, dijo Liudmyla, de 76 años, que vive en una institución en la región de Járkov.

“En una residencia de ancianos no hay básicamente rehabilitación”, dijo Olha Volkova. “La persona está allí tumbada hasta que se muere.”

Mientras la guerra de Rusia contra Ucrania continúa, la infraestructura civil y los servicios están sometidos a una intensa presión. Sin embargo, el gobierno ucraniano debe hacer todo lo posible para garantizar que las entidades de observación pueden acceder a instituciones estatales y que las personas mayores que viven en ellas están entre las que tienen prioridad para recibir una vivienda alternativa en cuanto se disponga de una.

Viviendas peligrosas

Algunas personas mayores han decidido quedarse atrás, en su casa. Otras dijeron a Amnistía Internacional que no podían huir porque la información sobre evacuaciones era menos accesible para ellas.



Liudmyla Zhernosek, de 61 años, vive en Chernígov con su esposo, de 66 años, que usa una silla de ruedas. Contó: “Veía todos los días a personas más jóvenes caminando con mochilas junto a mi edificio. No me enteré hasta más tarde, por otras personas de la escalera, que iban al centro de la ciudad, había evacuaciones desde allí. Pero se tarda 40 minutos a pie, yo no podía llegar allí con mi esposo. Nadie nos dijo nada de evacuaciones, siempre me enteraba después.”

 Nadie nos dijo nada de evacuaciones, siempre me enteraba después.

Liudmyla Zhernosek, de 61 años, que vive en Chernígov

Amnistía Internacional también ha documentado casos de personas mayores que viven en casas sin electricidad, gas o agua corriente. Las ventanas o tejados dañados durante el conflicto ya no proporcionaban protección de la lluvia, la nieve o el frío.

Cuando Amnistía Internacional entrevistó a Hanna Selivon, de 76 años, en Chernígov, sólo tenía techo el cuarto de año, donde personas voluntarias habían puesto un colchón en la bañera para que pudiera dormir.



Hanna dijo: “Todo el mundo en nuestra calle se marchó. Sólo quedamos yo y otras dos mujeres mayores […] Una tenía una discapacidad. Simplemente no teníamos adónde ir. Yo me escondía en un agujero en el sótano […] El 29 de marzo cayeron muchas bombas y cuando salí [del sótano] vi sólo que volaban las llamas […] que [mi casa] se estaba quemando. Mis piernas no se movían.”

Amnistía Internacional pide a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que aumenten la ayuda a las personas mayores en Ucrania facilitando su evacuación voluntaria al extranjero, garantizando que tienen prioridad para recibir ayuda en efectivo y apoyando la creación de alojamientos físicamente accesibles para las que tienen una discapacidad.

La gente mayor debe ser evacuada a refugios accesibles, y debe darse prioridad a la reparación de sus casas.

Laura Mills

“Ahora que han llegado los gélidos meses del invierno, la gente mayor debe ser evacuada a refugios accesibles, y debe darse prioridad a la reparación de sus casas”, concluyó Laura Mills.

Metodología

Amnistía Internacional entrevistó a 226 personas para este informe, incluso en visitas personales a siete instituciones estatales. La investigación se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2022, e incluyó un viaje de cuatro semanas a Ucrania en junio y julio de 2022.

Rendición de cuentas por crímenes de guerra

Amnistía Internacional documenta crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Encontrarán toda la documentación producida por Amnistía Internacional aquí.




2/12/22

Special Olympics México anuncia la delegación mexicana que representara a México en los Juegos de Verano, Berlín 2023.

 




Anfitrión: Special Olympics Deutschland (SOD)

Organizador: Comité Organizador Local Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Berlín 2023 (LOC) Ciudad anfitriona: Berlín

Fechas: 17 al 25 de junio de 2023

Sitio web: www.berlin2023.org

 

Nuestra Visión es Una sociedad inclusiva, impulsada por el poder del deporte. Las personas con discapacidad intelectual tendrán igualdad de acceso al deporte, la educación, la cultura y la salud.

 

 

Special Olympics International organiza los Juegos Mundiales de Verano Berlín 2023.

 

Participantes esperados: • 7.000 atletas y Socios Unificados

• 190 países

• 3.000 entrenadores

• 20.000 voluntarios

• 9.000 familiares

• 300.000 espectadores

 

Los Juegos Mundiales de Special Olympics  son los mayores eventos deportivos inclusivos del mundo. Los Juegos Mundiales de Special Olympics de Berlín 2023 son el mayor evento multideportivo en Alemania desde los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

 

México será representado por una delegación de 51 personas entre atletas, entrenadores, jóvenes lideres, voluntarios y staff. Los atletas representantes de diferentes estados de la república pondrán en alto el nombre de nuestro país en diferentes disciplinas deportivas: atletismo, bochas, boliche, ciclismo, equitación, gimnasia rítmica, gimnasia artística, levantamiento de potencia, tenis, patinaje de velocidad y natación.

 

Acerca de Special Olympics

Special Olympics es un movimiento global que libera al espíritu humano a través del poder transformador y la alegría de los deportes, todos los días en todo el mundo. Empoderamos a las personas con discapacidad intelectual para que se conviertan en miembros aceptados y apreciados de sus comunidades, lo que conduce a una sociedad más respetuosa e inclusiva para todos. Utilizando el deporte como catalizador y programando en torno a la salud y la educación, Special Olympics está combatiendo la inactividad, la injusticia y la intolerancia. Fundado en 1968 por Eunice Kennedy Shriver, el movimiento Special Olympics ha crecido a más de 5.3 millones de atletas en 200 países. Con el apoyo de más de 1 millón de entrenadores y voluntarios, Special Olympics ofrece 32 deportes de tipo olímpico y más de 108,000 juegos y competencias durante todo el año.


Special Olympics México tiene presencia en 26 estados de la república mexicana ofreciendo 25 deportes de tipo olímpico de verano e invierno.


El Movimiento es impulsado por nuestros voluntarios. Special Olympics abarca una gran variedad de culturas, lenguas y costumbres, pero con una cosa en común – un compromiso apasionado con la promoción del respeto, la aceptación, la inclusión y la dignidad humana de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. 


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tel 52550359


22/11/22

Qatar: En lugar de defender la importancia de los derechos humanos y la igualdad, la FIFA amenaza con sancionar a jugadores




Ante las amenazas de la FIFA de sancionar a los jugadores que planeaban lucir los brazaletes “One Love” para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTI, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Las amenazas de última hora de sancionar a los jugadores que lleven mensajes de apoyo a los derechos humanos y la igualdad son el ejemplo más reciente de que la FIFA no respeta plenamente sus propios valores y obligaciones. El deporte no sucede fuera de la realidad, y estas son cuestiones sobre las cuales la FIFA debería dar ejemplo, no ejercer la represión. Hace tiempo que deberían haberse alcanzado acuerdos sobre los brazaletes y una mayor protección para la comunidad LGBTI.”

“Aplaudimos la valentía de los jugadores y equipos que han alzado la voz sobre los derechos humanos y esperamos que sigan haciéndolo. Aficionados, jugadores y asociaciones de fútbol pueden ser un vehículo para promover los derechos humanos, y la FIFA debe hacer caso a estos llamamientos cuanto antes. No sólo debe promover mensajes de igualdad sino además actuar proactivamente para garantizar la protección de las personas LGBTI.”

“Y no nos olvidemos de los trabajadores migrantes que hicieron posible este campeonato. Deben ser plenamente indemnizados por los abusos indescriptibles que sufrieron.”

16/11/22

Qatar: Seis cosas que debes saber sobre los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2022: Amnistía Internacional

 



Con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar el 20 de noviembre, este Estado del golfo Pérsico acaparará la atención mundial. La difícil situación de las personas migrantes que trabajan en Qatar ha sido objeto de amplia difusión desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del campeonato a este país. Las personas migrantes y las trabajadoras y trabajadores domésticos siguen sufriendo diversos abusos, como robos de salario, trabajo forzoso y explotación.

Pero el trato que reciben los trabajadores y trabajadoras migrantes sólo es una de las violaciones de derechos humanos que conforman el inquietante historial de derechos humanos de este Estado. Las autoridades de Qatar reprimen la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación; los juicios sin garantías siguen siendo preocupantes; las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica; y las leyes siguen discriminando a las personas LGBT.

He aquí seis cosas que tienes que saber.

Libertad de expresión y libertad de prensa

Las autoridades qataríes usan leyes abusivas para reprimir a quienes mantienen posturas críticas hacia el Estado, ya sean ciudadanos y ciudadanas qataríes o trabajadores y trabajadoras migrantes. Amnistía Internacional ha documentado casos de personas de nacionalidad qatarí que han sido detenidas arbitrariamente tras criticar al gobierno, y condenadas después de juicios injustos sobre la base de confesiones obtenidas mediante coacción. En este tiempo, Malcolm Bidali, de nacionalidad keniana, guardia de seguridad, bloguero y activista de los derechos de las personas migrantes, fue objeto de desaparición forzada y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante un mes por poner de manifiesto la difícil situación de la población trabajadora migrante.

En Qatar hay pocos medios de comunicación independientes o críticos. Las autoridades del país limitan la libertad de prensa imponiendo restricciones a los operadores de medios de comunicación, entre ellas prohibir filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y viviendas privadas.

Libertad de asociación y reunión

Los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En cambio, se les permite formar comités conjuntos, una iniciativa dirigida por los empleadores para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, hasta la fecha esta iniciativa no es de obligado cumplimiento y sólo cubre al 2% de la población trabajadora, cifra que dista mucho de hacer efectivo el derecho fundamental a formar sindicatos y afiliarse a ellos.

Tanto las personas de nacionalidad qatarí como los trabajadores y trabajadoras migrantes sufren consecuencias por ejercer su derecho de reunión pacífica. Por ejemplo, en agosto de 2022, cientos de trabajadores migrantes fueron detenidos y deportados por las autoridades estatales tras protestar en las calles de Doha por los reiterados impagos de salarios de su empresa.

Juicios injustos

Los juicios justos distan mucho de estar garantizados en Qatar. En los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha documentado casos de juicios sin garantías en los que nunca se investigaron las denuncias de tortura y malos tratos de las personas encausadas, y se impusieron condenas sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante coacción. En muchos casos, las personas acusadas habían sido interrogadas mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación, sin acceso a abogados o intérpretes.

Por ejemplo, Abdullah Ibhais, de nacionalidad jordana, está cumpliendo una condena de tres años de prisión tras un juicio injusto en Qatar, fundamentado en una “confesión” que, según él, se obtuvo mediante coacción.

Derechos de las mujeres

Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica en Qatar. En virtud del sistema de tutela, las mujeres necesitan el permiso de su tutor varón —por lo general, su esposo, padre, hermano, abuelo o tío— para contraer matrimonio, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, ejercer muchos empleos públicos, viajar a otros países (si tienen menos de 25 años), y acceder a atención de la salud reproductiva.

El derecho de familia discrimina a las mujeres, que tienen más dificultades para acceder al divorcio y desventajas económicas más graves si lo hacen, en comparación con los hombres. Las mujeres también siguen sin tener protección adecuada contra la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual

Derechos LGBT

Las leyes qataríes discriminan a las personas LGBT. El artículo 296.3 del Código Penal tipifica como delito diversos actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, y establece posibles penas de cárcel para toda persona que “impulse o induzca o incite a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o licencioso”. De igual modo, el 296.4 establece sanciones para toda persona que “induzca o incite a un hombre o una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o que sean ilegítimos”.

En octubre de 2022 las organizaciones de derechos humanos documentaron casos en los que las fuerzas de seguridad habían detenido a personas LGBT en lugares públicos —basándose únicamente en su expresión de género— y registrado sus teléfonos. También dijeron que las mujeres transgénero detenidas tenían la obligación de asistir a sesiones de terapia de conversión como requisito para ser puestas en libertad.

Derechos laborales

A pesar de las iniciativas del gobierno para reformar el sistema laboral de Qatar, los abusos continúan en todo el país. Aunque las condiciones han mejorado en algunos casos, miles de personas siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de los salarios, negación de días de descanso, condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo y acceso limitado a la justicia, mientras que las muertes de miles de trabajadores siguen sin investigarse. Aunque un fondo ha comenzado a pagar cantidades considerables a trabajadores a los que se han robado salarios, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes siguen sin recibir indemnización por los abusos laborales que han sufrido en los últimos 10 años.

El trabajo forzoso y otras formas de abusos continúan, especialmente en el sector de la seguridad privada y en el caso de los trabajadores y trabajadoras domésticos, en su mayoría mujeres. El pago de exorbitantes comisiones de contratación para conseguir empleo sigue siendo generalizado, con cantidades que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares estadounidenses. Muchas personas necesitan meses o incluso años para pagar la deuda, lo que provoca que se vean atrapadas en un círculo vicioso de explotación.