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12/10/21

Amnistía Internacional declara inaptable que Curazao siga negando protección a más de 17, 000 venezolanos que huyen a su territorio por la crisis.

 






Fuente Amnistía Internacional

Las autoridades de Curazao y de Países Bajos han violado los derechos de personas venezolanas que buscan protección internacional en Curazao; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy, Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao. La organización ha documentado 22 casos de personas venezolanas, entre ellas menores de edad, que han sufrido violaciones de derechos humanos, como detención automática en condiciones inhumanas, malos tratos, separación familiar y negación de su derecho a solicitar asilo.

Casi 5,7 millones de personas venezolanas han huido de la crisis de derechos humanos en su país, lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento forzado del mundo. Curazao, isla caribeña próxima a Venezuela que pertenece al Reino de los Países Bajos, está entre sus países de destino. Se calcula que 17.000 personas venezolanas viven en situación migratoria irregular en la isla.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad. En lugar de mirar hacia otro lado mientras se están cometiendo estas violaciones de derechos humanos, las autoridades neerlandesas deberían garantizar a estas personas la protección internacional que necesitan”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Aún sin protección

Amnistía Internacional concluye que la situación de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao no ha mejorado desde que publicó el informe Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao en 2018. El nuevo procedimiento de protección internacional que introdujo Curazao no se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las personas venezolanas que huyen de la crisis pasan automáticamente a estar en detención por tiempo indefinido, y en ese periodo sufren presiones para que firmen su consentimiento a la deportación y tienen un acceso muy limitado a asistencia jurídica. De las entrevistas para evaluar las necesidades de protección se encargan funcionarios públicos que también son responsables de arrestar a las personas extranjeras en situación migratoria irregular. Hasta ahora, el nuevo procedimiento sólo ha dado lugar al rechazo de las solicitudes del estatuto de protección. La organización ve con profunda inquietud que, como resultado, Curazao devuelva a Venezuela personas que allí corren un grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, en incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).

Las condiciones en el “cuartel de extranjeros”, centro de detención ubicado en la prisión SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou), siguen siendo inhumanas y las personas recluidas allí están sometidas a privación sensorial, hacinamiento, encierro junto a personas convictas y falta de intimidad. Personas venezolanas contaron a Amnistía Internacional que los guardias de la prisión les infligían trato inhumano y degradante, en forma de insultos y agresiones y también obligándolas a saltar como ranas sin la ropa puesta. En 2019, la policía disparó balas de goma contra un grupo de personas venezolanas que estaban en el cuartel. El uso intencionado y desproporcionado de la fuerza por la policía contra ellas, y la gravedad de las lesiones, pueden constituir tortura u otros malos tratos.

Miguel, una de las víctimas de los disparos con balas de goma, recuerda cómo los guardias los castigaban, a él y su grupo, por solicitar protección: “Como al tercer día ahí empezó la locura. No nos dejaban dormir. Ellos llegaban a cada rato y hacían ruido con martillos para no dejarnos dormir. Dormía en el piso y apenas me daban comida. Yo rebajé ahí 35 kilos en cinco meses. Nos causaban daño psicológico para que nosotros abandonáramos la isla”.

Detención de menores y separación familiar

Curazao ha violado los derechos de niños y niñas venezolanos con su detención y separación de sus progenitores residentes en la isla. Amnistía Internacional ha documentado ocho casos de menores bajo custodia junto a personas adultas en el “cuartel de extranjeros” y en centros de internamiento de menores. En ninguno de los casos las autoridades de Curazao procedieron a reunirlos con sus progenitores ni permitieron que recibieran su visita; lo que hicieron fue deportarlos o programar su deportación sin el conocimiento y consentimiento de sus progenitores. El sufrimiento mental grave e intencionado que han causado las autoridades con la deportación de niños y niñas y su separación familiar puede constituir tortura en algunos casos.

“Es inaceptable que el Reino de los Países Bajos ayude a las autoridades de Curazao a arrestar, custodiar y deportar a gente que huye de Venezuela en busca de seguridad

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

En el caso de Yusmari, sus dos hijos, que entonces tenían 15 y 16 años, pasaron automáticamente a estar detenidos en el “cuartel de extranjeros” tras ser interceptados por la guardia costera y entregados a la policía de inmigración de Curazao. Yusmari, quien ya vivía en situación migratoria irregular en la isla, recuerda así el internamiento de sus hijos en el “cuartel de extranjeros”: “Cada vez que llamábamos, llorábamos”. 

Su hijo menor, que ya ha vuelto a Venezuela, contó a Amnistía Internacional: “Me sentía mal.  No estaba acostumbrado a estar encerrado”. A los dos días trasladaron a los hijos de Yusmari a un centro de detención de menores, donde ella no tenía autorización para visitarlos ni hablar con ellos. Cuando al fin consiguió el permiso y se presentó en el centro, supo que las autoridades de Curazao ya los habían deportado.

La contribución de Países Bajos a las violaciones de derechos humanos

A pesar de las múltiples señales alarmantes sobre graves violaciones de los derechos de personas refugiadas y migrantes en los últimos años, las autoridades neerlandesas han intensificado su cooperación y apoyo activos a Curazao, principalmente en materia de detección, detención y deportación de migrantes irregulares y personas que buscan protección.

En noviembre de 2019, las fuerzas armadas neerlandesas colaboraron en la custodia de un grupo de personas venezolanas detenidas ilegalmente, quienes más tarde fueron aparentemente sometidas a una expulsión colectiva contraria al derecho internacional. Además, Países Bajos ha proporcionado a la Guardia Costera del Caribe Neerlandés material y personal para interceptar a quienes llegan irregularmente por mar, con independencia del alto riesgo que corren estas personas de sufrir violaciones de derechos humanos en tierra.

Las autoridades neerlandesas no han establecido una sola salvaguardia de derechos humanos vinculante ni mecanismos de vigilancia independientes, y tampoco ha investigado las presuntas violaciones de estos derechos mientras apoyaban a las autoridades de Curazao. El secretario de Estado responsable ha declarado en repetidas ocasiones que las autoridades neerlandesas no tienen la obligación de hacerlo porque el gobierno de Países Bajos considera que la política migratoria y los posibles abusos cometidos son responsabilidad de Curazao.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la obligación internacional de respetar y proteger los derechos humanos también es aplicable a Países Bajos cuando apoya a las autoridades de Curazao. Es evidente que las autoridades neerlandesas no han cumplido con esta obligación y por tanto han contribuido a crear un sistema de abusos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de las personas venezolanas que buscan protección creando un procedimiento de asilo que cumpla las normas internacionales. Deberían poner fin a la detención de menores y la separación de familias, y no detener a personas adultas salvo como último recurso. Asimismo deberían llevar a cabo sin demora investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas durante el arresto o la custodia.

El gobierno de Países Bajos debería evaluar los riesgos en materia de derechos humanos y establecer salvaguardias sobre estos derechos que sean aplicables al apoyo que presta a las autoridades de Curazao. Más aún, Países Bajos debería establecer una investigación independiente sobre sus responsabilidades al prestar asistencia y cooperar de otras formas con Curazao en materia migratoria y de protección internacional, en concreto sobre durante la custodia de personas venezolanas en pabellones deportivos en 2019 y las actuaciones de la guardia costera.

3/10/21

Octubre. Mes internacional para sensibilizar en torno a la lucha contra el cáncer de mama

 




El diagnóstico oportuno es el punto más importante en el pronóstico de la enfermedad y la supervivencia de la paciente, de ahí la importancia que las mujeres a partir de cierta época de la vida o en grupos seleccionados con factores de riesgo, se hagan una mamografía anual. Si un cáncer es detectado suficientemente temprano, y no se ha extendido más allá de la mama, la tasa de supervivencia a cinco años puede ser de hasta el 97%. 

Fuente Fucam

Fundación de Cáncer de Mama




28/9/21

REPSOL renueva su compromiso con Fundación ONCE y alcanzará las 600 contrataciones de personas con discapacidad

 




La directora corporativa de Personas y Organización de Repsol, Carmen Muñoz, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han renovado por quinta vez consecutiva el Convenio Inserta que suscribieron en 2006, 2010, 2013 y 2016 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 40 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años, llegando así a un total de 600 contrataciones desde el inicio de la colaboración. 

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (POISES), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

En su intervención, Muñoz destacó que Repsol es un referente en la incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo, “precisamente porque estamos convencidos de que, al apostar por la diversidad, la igualdad y la inclusión, nos convertimos en una empresa mejor, con un modelo de gestión de personas más sostenible y que aprovecha todo su talento”.

En 2020, la compañía alcanzó la cifra de 527 personas con discapacidad en contratación directa a nivel mundial, 430 de ellas en España. Los empleados de Repsol con discapacidad están integrados en todas las áreas de la organización, incluido el ámbito industrial.

La labor que realiza Repsol en la integración laboral de personas con discapacidad ha sido reconocida con diversos galardones. Repsol es pionera en la adecuación de sus instalaciones, como las más de 500 estaciones de servicio accesibles de su red en España y su sede corporativa en Madrid, Campus Repsol, construida bajo criterios de accesibilidad universal.

Por su parte, Martínez Donoso recordó que Fundación ONCE lleva quince años colaborando con Repsol, “una empresa que para nosotros es un referente porque lo que empezó siendo el cumplimiento del 2% de la cuota se va a traducir en la contratación de 600 trabajadores con discapacidad. Además, hemos hecho muchas cosas en paralelo a la inclusión laboral de personas con discapacidad en la compañía. La sensibilización que la organización Repsol ha tenido con respecto a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, como la accesibilidad, el trato, las políticas hacia sus trabajadores, han sido siempre para nosotros un motivo de satisfacción y una prueba de que esta alianza funciona”.

Repsol seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo también recoge la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo. 


22/9/21

COPRED llama a reconocer visibilizar la bisexualidad

 




Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021

En el marco del 23 de septiembre, Día Internacional de la Bisexualidad, es fundamental recordar la difícil lucha que han emprendido las personas bisexuales por el reconocimiento y respeto de sus derechos. Por ello, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) llama a romper con los prejuicios y estereotipos relacionados con la bisexualidad, que traen como consecuencia la invisibilización de las problemáticas específicas y la discriminación que esta población enfrenta.

La existencia de las personas bisexuales es constantemente cuestionada y negada, ya que persiste el estereotipo de que se trata de personas homosexuales o heterosexuales “confundidas”. Consecuencia de ello fue, por ejemplo, su tardía visibilización, pues fue apenas en 1999 cuando se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Bisexualidad, propuesto por la sociedad civil estadounidense y británica, para honrar el aniversario luctuoso de Sigmund Freud, pionero en plantear su existencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas subrayan las dificultades y resistencias existentes para documentar la violencia contra las personas bisexuales. Incluso hay Estados que aún niegan su existencia, lo que lleva a que los actos de violencia y discriminación sean tolerados y perpetrados con impunidad. La invisibilización de las personas bisexuales es tal que no existen datos estadísticos certeros sobre la cantidad de personas bisexuales en el país, ni confiables sobre crímenes bifóbicos. A esto se suma la tendencia a categorizar la violencia y discriminación contra las personas bisexuales como crímenes homofóbicos (Organización de los Estados Americanos, 2019).

Algunos de los esfuerzos que se han realizado en el país para intentar acercarse estadísticamente a las personas bisexuales han sido:

  • El Diagnóstico Situacional de Personas LGBTIQ en México, realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana en colaboración con Inspira A.C en 2015, en el que se evidenció que 50.07% de los hombres bisexuales y 59.15% de las mujeres bisexuales entrevistadas refirieron haber enfrentado algún tipo de discriminación debido a su orientación sexual.

  • La encuesta LGBT+ Orgullo 2021, realizada por la consultora Ipsos, en la que se consigna que el 11% de la población mexicana encuestada se declaró no heterosexual, y dentro de ese porcentaje un 5% dijo ser bisexual; es una de las primeras encuestas que registra un incremento en la visibilidad bisexual (Ipsos, 2021).

  • La encuesta Impactos diferenciados de la COVID-19 en la comunidad LGBTQ+, levantada por YAAJ y COPRED, que destaca la enorme participación de las personas bisexuales. De quienes respondieron acerca de su orientación sexual, el 25.23% correspondió a personas bisexuales.

Datos de la Encuesta Sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género demostraron que el 64.6% de las mujeres bisexuales y el 59.1% de hombres bisexuales percibieron ser discriminados por al menos un motivo, dentro de los principales se encuentran el aspecto físico (59.3%), forma de vestir (49.5%) y la forma de hablar (42.6%) (ENDOSIG, 2019).

Las personas bisexuales han luchado arduamente por su visibilización y por el goce y disfrute pleno de sus derechos, los cuales se encuentran establecidos en el Artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México bajo el rubro “derechos de las personas LGBTTTI”. La bisexualidad es una orientación sexual real y su invisibilización no permite que tengamos un panorama completo de sus problemáticas.

Desde COPRED llamamos a visibilizarla, a abandonar los prejuicios y estereotipos que la rodean y a refrendar el compromiso, como parte de una ciudad de derechos, de garantizar que todas las personas de la diversidad sexual, y particularmente quienes se asumen bisexuales, tengan acceso sin obstáculos a todos sus derechos mediante políticas públicas y medidas necesarias que permitan erradicar las conductas y actitudes de exclusión o discriminación hacia ellas.

21/9/21

La Asociación Civil De Mano a Mano cumple 4 años trabajando en favor de los mexicanos afectados por el sismo de 2017

 



Nuestra nación todavía recuerda con dolor y tristeza el Sismo del 19 de Septiembre, suceso que marcó la vida de muchas familias afectadas.

Pero al mismo tiempo nació nuestra Fundación, formada por un grupo de personas de gran corazón y preocupadas por tantos mexicanos que quedaron con necesidades tan básicas como son de vivienda y alimentación. Así creando conciencia, comunidad y capacitación se lograron construir 51 casas, se entregaron despensas a más de 800 familias, se donó equipo de salud, entre otras actividades.

Hoy a 4 años de estos acontecimientos, seguimos trabajando y ayudando a comunidades vulnerables y de extrema pobreza, sustentados por las donaciones de personas empáticas y preocupadas por un México mejor.





¡Conoce y apóyanos!

www.demanoamanoac.org

10/9/21

Soldados y agentes de migración mexicanos detienen violentamente a solicitantes de asilo: Human Rights Watch

 




Durante la última semana, agentes migratorios mexicanos y elementos de la Guardia Nacional han sido desplegados en el sur de México para dispersar múltiples caravanas de solicitantes de asilo, incluyendo familias, niños y niñas, que intentaban dirigirse al norte del país. Periodistas y activistas han acompañado a estas caravanas y han grabado muchos de sus enfrentamientos con autoridades mexicanas. Las imágenes que han recogido son espeluznantes.

En un video, que tuvo amplia difusión en redes sociales, se ve a un agente migratorio mexicano que patea reiteradamente a un migrante en el rostro, mientras otro lo sujeta contra el piso. En otro video, se observa a agentes de la Guardia Nacional usando sus escudos para derribar a un hombre haitiano que lleva a un niño en brazos. “¡Mátame!”, grita el hombre, “¡mátame con el niño!”. Estos ejemplos son apenas algunos entre decenas de incidentes.

Según periodistas y activistas que han viajado con las caravanas, las autoridades mexicanas han separado a familias, pateado y golpeado a migrantes, irrumpido por la fuerza en viviendas particulares para perseguir a migrantes y agredido a miembros de la prensa, activistas y representantes de la comisión de los derechos humanos de México que intentaban documentar los abusos. En estos choques, han resultado heridos tanto migrantes como autoridades mexicanas.

En las últimas dos semanas cuatro caravanas en camino al norte han sido dispersadas violentamente por autoridades mexicanas. A diferencia de caravanas anteriores, no se formaron en Centroamérica sino en la ciudad de Tapachula al sur de México, a unos 10 km de la frontera con Guatemala. Han estado integradas mayoritariamente por haitianos y hondureños que han solicitado asilo en México y están a la espera de una resolución de su caso.

Tras presión del gobierno de Biden para impedir que los migrantes lleguen a la frontera de EE. UU., el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha puesto en práctica una política de “contención”, centrada en mantener a los migrantes en el sur de México, sobre todo en Tapachula.

Human Rights Watch visitó Tapachula a comienzos de agosto. Allí encontramos a miles de solicitantes de asilo sin trabajo, vivienda ni alimentos, que en muchos casos dormían en las calles. Si bien la ley mexicana les permite viajar a cualquier lugar dentro del estado de Chiapas hasta que se emita una decisión en sus casos, retenes migratorios les han impedido irse de Tapachula.

Los recientes hechos de violencia son una consecuencia extrema de la nefasta estrategia migratoria que México está implementando a instancia de Estados Unidos. En el largo plazo, ambos países necesitarán un nuevo enfoque en materia migratoria basado en el respeto de los derechos humanos. En el corto plazo, AMLO debe cerciorarse de que los agentes que cometieron estos abusos respondan por sus acciones por medio de investigaciones internas y colaboración con autoridades judiciales.

9/9/21

Angelina Jolie , Amnistía Internacional y Geraldine Van Bueren, redactora de la Convención sobre los Derechos del Niño presentan el libro Know Your Rights and Claim Them (Conoce tus derechos y reclámalos)

 




Angelina Jolie y Amnistía Internacional han unido sus fuerzas para crear un recurso que que niños, niñas y jóvenes aprendan a conocer sus derechos, con la publicación de un nuevo libro que empodera a las y los adolescentes para alzar la voz contra la injusticia.

Know Your Rights and Claim Them (Conoce tus derechos y reclámalos) explica cuáles son los derechos de la infancia, dota a las personas jóvenes de los conocimientos que necesitan para protegerse y proteger a otras, y muestra cómo los gobiernos incumplen su compromiso con los derechos de la infancia. Se ha escrito en colaboración con la profesora y jurista Geraldine Van Bueren, una de las redactoras originales de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Angelina Jolie ha declarado:

“Si los gobiernos cumplieran su palabra, y si todas las personas adultas respetasen los derechos de la infancia, este libro no sería necesario. Los niños y niñas tienen derechos igual que las personas adultas, y deben tener poder y capacidad de acción para reclamarlos.

Know Your Rights and Claim Them es el libro que algunas personas adultas no quieren que sus hijos e hijas lean, pues les dotará de los conocimientos que necesitan para defender sus derechos y los de otras personas.

Los gobiernos se comprometieron con su firma en 1989 a proteger los derechos de la infancia, pero muchos de ellos siguen sin escuchar las voces de los niños y niñas. En algunos países hay niñas de tan sólo 9 años que son obligadas a contraer matrimonio. En el mundo, más de 61 millones de niños y niñas no asisten a la escuela primaria y, en 2019, uno de cada seis niños y niñas vivía en la pobreza extrema, número que se elevó considerablemente durante la pandemia. Es hora de recordar al mundo su compromiso con los derechos de la infancia”.

El libro está disponible desde hoy en librerías de Reino Unido desde hoy, y para compra anticipada en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Grecia. Otros países como Corea del Sur, Dinamarca y Alemania les seguirán en breve. El objetivo de las autoras es que el libro se publique en todos los idiomas y en todos los países, para empoderar a muchos millones de personas jóvenes para que conozcan y reclamen sus derechos.

Los efectos sociales y económicos de la pandemia de COVID-19 nos recuerdan con crudeza que muchas cuestiones de derechos humanos afectan de forma desproporcionada a las personas jóvenes y, en lo que se refiere a asuntos que les afectan directamente, sus voces rara vez se oyen o escuchan. Know Your Rights and Claim Them tiene como objetivo dotar a las personas jóvenes de los conocimientos que necesitan para alzarse y expresar su opinión.

El libro expone cómo nació el concepto de derechos de la infancia a través de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que fue concebida para conceder a los niños y niñas el derecho a voz y a participar en todas las decisiones que les afectan. También incluye guías prácticas, junto con algunas historias de activistas jóvenes que están en primera línea del cambio en los derechos humanos en todo el mundo. Ya sea haciendo campaña sobre el cambio climático, exigiendo acceso a la educación, o alzando su voz contra la discriminación racial y la violencia con armas de fuego, estas personas jóvenes inspiradoras demuestran el poder de luchar por aquello en lo que creen.

Khairiyah Rahmanyah, de 19 años, nació en el seno de una familia de pescadores que vive cerca del mar en el sur de Tailandia. El mar cerca de su hogar es una rica fuente de pescado y marisco y un hábitat de especies marinas en peligro, como las tortugas marinas y los raros delfines rosados. En 2020, cuando tenía 17 años, Khairiyah lanzó una campaña contra el plan de gobierno tailandés de urbanizar su poblado, Chana, para convertirlo en un área industrial. En consecuencia, el gobierno decidió posponer su decisión. Sin embargo, el proyecto no se ha abandonado, y la lucha por su comunidad continúa.



“No se puede explicar con palabras lo que siento al participar en este libro”, ha afirmado Khairiyah, que dedicó horas a formar parte de piquetes y viajó 1.000 kilómetros hasta la sede del gobierno en Bangkok para entregar al primer ministro una carta en la que se le pedía que detuviera el proyecto.

“Estoy realmente orgullosa de representar las historias de mi comunidad. Nací en el activismo y lucho para proteger a mi comunidad desde que era pequeña. Ha sido doloroso vivir esta realidad y quiero que la vida sea diferente para la siguiente generación. Como niños y niñas, se nos debe permitir que aprendamos a conocer nuestros derechos, y es responsabilidad de las personas adultas animarnos, empoderarnos y apoyarnos.”

Los niños y niñas tienen derecho a la vida, la dignidad y la salud; a la identidad, la igualdad y la no discriminación; a un lugar seguro para vivir; a protección contra daños; a la participación (incluido el derecho a ser oídos); a la integridad física; a protección de la violencia armada; a la justicia y la libertad; a la intimidad; a los derechos indígenas y de las minorías; a la educación; al juego; a la libertad de pensamiento; y a expresar su opinión y protestar de forma pacífica.

En el mundo hay aproximadamente 2.300 millones de niños y niñas, casi un tercio de la población humana total. Habida cuenta de los devastadores efectos de la pandemia global para los niños y niñas y las personas jóvenes, nunca ha sido más trascendental dotarles de los conocimientos que merecen. Es su derecho, y ya es hora de que el mundo escuche y actúe.   

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“Todas y todos debemos abordar las cuestiones de derechos humanos de nuestros días, con miras al futuro, sabiendo que hemos de rendir cuentas ante el mundo de 2030. No sólo debemos preguntarnos: ‘¿Cómo afectan nuestras acciones a los niños y niñas de mañana?’, sino que tenemos que asegurarnos de que los niños y niñas establecen la agenda de los años venideros. Esto sólo puede ocurrir si conocen sus derechos y saben cómo reclamarlos.

Cuando no es este el caso, corren el riesgo de sufrir abusos, discriminación y explotación, a menudo a manos de personas adultas. También corren el riesgo de ser ignorados, de no poder participar en decisiones importantes sobre el mundo en el que viven y los problemas que heredarán. Amnistía Internacional hace campaña para garantizar que los derechos de la infancia son una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.

Por este motivo, junto con el libro, hemos lanzado un curso online de educación en derechos humanos en el que intervienen activistas jóvenes, que servirá de potente herramienta para empoderar a las personas jóvenes y a otras personas para que reclamen sus derechos en todo el mundo. Cuando se educa a las personas jóvenes sobre sus derechos, se las empodera para que los defiendan y se alcen contra las injusticias que se cometen contra ellas y otras personas. El conocimiento es clave. Todas y todos nos beneficiaremos de un mundo en el que se respetan los derechos de la infancia”.

Know Your Rights and Claim Them se publicará en Reino Unido el 2 de septiembre de 2021, y la publicación en Australia, Estados Unidos, Grecia y Nueva Zelanda le seguirá en octubre.



8/9/21

Vuelve el voluntariado de Fundación Once al Wanda Metropolitano

 



Fundación ONCE abre las inscripciones para que los voluntarios de Fundación ONCE acompañen a los socios con discapacidad del Atlético de Madrid en los partidos que se disputen en el Estadio Wanda Metropolitano.

Los próximos partidos para acompañar socios serán el próximo miércoles 15 de septiembre, en la primera jornada de la Liga de Campeones frente al Oporto (21 horas) y el sábado 18 de septiembre, correspondiente al partido de Liga ante el Athletic Club (16.15 horas).

En 2019, Fundación ONCE estableció un Convenio de Colaboración con el Club Atlético de Madrid para iniciar la actividad de voluntariado de apoyo a los socios con discapacidad.

Desde entonces y hasta marzo del 2020, en cada jornada en que el Atlético de Madrid jugó en el Estadio Wanda Metropolitano, voluntarios de Fundación ONCE apoyaron a personas con discapacidad abonadas del club.

La actividad consistía en colaborar para que el disfrute de socios fuera mayor: acompañándoles a su localidad, acercándoles refrescos o comida, o apoyándoles en cualquier necesidad que tuvieran en el campo. En cada partido, participaban entre 10 y 13 personas voluntarias. Además, fue una de las actividades mejor valoradas y demandadas ya que, en cada fecha de La Liga de 2019, quedaron en lista de espera más de 10 voluntarios.

Con la vuelta de los espectadores a los campos de fútbol regresa también el voluntariado de Fundación ONCE al Wanda Metropolitano.


Más información y registro en la web de Voluntariado de Fundación ONCE:

https://voluntariado.fundaciononce.es/fundaciononce/oportunidades/exclusivas/detalle/Default.aspx?idOportunidad=10663&pageIndex=


Los Juegos Paralímpicos de Tokio han sido la edición donde más países han tenido oportunidad de ganar medalla, siendo 86 naciones

Fuente Comité Paralímpico Internacional

Durante 12 días llenos de acción, Tokio 2020 vio a más países que nunca ganar medallas en una sola edición de los Juegos Paralímpicos, con 86 de los 162 Comités Paralímpicos Nacionales participantes en el podio, superando los 83 de Río en 2016.

 

2/9/21

Venezuela: Agenda de derechos humanos para la negociación política: Human Rights Watch

 



Los representantes de Nicolás Maduro, cuando se sienten a negociar con la oposición venezolana en septiembre de 2021, deberían comprometerse a adoptar medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos y permitir que se realicen elecciones libres y justas, señaló hoy Human Rights Watch.

El 13 de agosto, representantes de Maduro y la oposición se reunieron en México, con la mediación de Noruega, para definir la agenda de las negociaciones.

También participan Holanda y Rusia, y otros países han apoyado el proceso. 

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento el 14 y 15 de agosto, y está previsto que se reanuden las conversaciones del 3 al 6 de septiembre.

“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. 

También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”.

Intentos previos de negociación han fracasado, el más reciente de ellos en 2019 en Barbados. 

En las negociaciones actuales, representantes de Maduro y de la oposición concordaron abordar, según el texto del acuerdo, “derechos políticos para todos”, “garantías electorales para todos”, un “cronograma electoral para elecciones observables”, “levantamiento de las sanciones”, “respeto al estado constitucional de derecho”, “convivencia política y social, renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia”, “protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano” y “garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado”.

El 15 de agosto, tras las primeras negociaciones, las autoridades liberaron al político opositor Freddy Guevara, quien había sido detenido arbitrariamente un mes antes.

En julio, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho y los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, con el fin de contribuir al examen de Venezuela en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que se llevará a cabo a comienzos de 2022. 

Por medio del EPU, la situación de los derechos humanos de cada país es objeto de una revisión por otros países cada cuatro años.

Human Rights Watch reportó que continúa la brutal represión del gobierno de Nicolás Maduro y agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen gravísimos abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyeron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país. 

Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de acceder a atención médica básica y una nutrición adecuada, y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de Covid-19. Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina.

El desafío consiste en reestablecer el Estado de derecho que el gobierno de Maduro ha desmantelado por completo, expresó Human Rights Watch. Para que esto sea posible, el gobierno de Maduro debería comprometerse a:

  • Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
  • Ordenar que las fuerzas de seguridad cesen las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores y pongan fin a su colaboración o aquiescencia con grupos armados partidarios del gobierno para intimidar a críticos y cometer abusos, incluyendo en zonas fronterizas y en áreas donde se desarrolla la minería ilegal de oro.
  • Reformar la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver la fuerza de policía especial FAES.
  • Terminar con la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades deben poner fin al hostigamiento público, garantizar que las organizaciones internacionales puedan obtener la documentación necesaria para operar en el país y restituir todos los bienes, equipos y oficinas del periódico El Nacional a sus propietarios.
  • Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
  • Trabajar con expertos en sistemas de justicia de la sociedad civil, venezolanos e internacionales, así como con la oposición, para establecer una comisión independiente con el fin de formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para:
      • Derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos, y
      • Asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad.
    • Derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluidas todas las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.
    • Derogar las disposiciones legales que violan el derecho de libre asociación al limitar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
  • Establecer un mecanismo para nombrar a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto y transparente que cuente con el mayor grado posible de consenso político,
  • Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario:
  • Asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.


Asimismo, los representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público:

  • Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
  • Retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas.
  • Investigue de manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas. Deben permitir el acceso de las víctimas, sus abogados y los observadores internacionales autorizados por las víctimas a todo el expediente judicial. Las investigaciones deben examinar la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido lo que estaban ocurriendo.

La situación en Venezuela, que es Estado Parte del Tratado de Roma (el tratado por el cual se rige la CPI), ha sido objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la CPI desde febrero de 2018. Al finalizar su mandato a mediados de junio de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que la fiscalía había concluido su examen preliminar. 

No hizo públicas sus conclusiones, debido a que se encontraba en trámite ante la corte un recurso presentado por autoridades venezolanas solicitando que la CPI revisara el examen realizado por la fiscal. La sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.

El nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, deberá ahora decidir si corresponde llevar adelante una investigación formal. Para llegar a tal conclusión, conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de Roma, la Fiscalía analiza si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes sobre posibles casos que podrían ser incluidos en una investigación de la CPI, lo cual tornaría innecesario un proceso ante la CPI.

Human Rights Watch concluyó que, a pesar de existir pruebas contundentes, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los abusos generalizados. Esto ha convertido a la impunidad por las violaciones de derechos humanos en la norma.

“Si no se llevan a cabo investigaciones sólidas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad penal de los máximos responsables de los aberrantes abusos cometidos, para lo cual es necesaria una reforma profunda del sistema judicial disfuncional y politizado que existe en el país, la CPI desempeñará un papel crucial como tribunal de última instancia”, explicó Vivanco.



31/8/21

ACNUR, OIM y ONUDH llaman a respetar los estándares internacionales en el uso de la fuerza en la frontera sur de México

 




CIUDAD DE MÉXICO – El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, apuntaron hoy tres agencias de la ONU.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) reconocen la actuación del INM en suspensión de funciones y la aplicación de medidas para la investigación de funcionarios que estarían involucrados en acciones que implicaron un uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, la continuación de los operativos por parte del INM y la Guardia Nacional hacen necesario un llamado a la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas, y a investigar los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables. En toda investigación se deben tomar en cuenta los informes sobre uso de la fuerza, los protocolos de actuación, la cadena de mando y las órdenes operativas bajo las cuales desplegaron a sus elementos, y deben incorporar la perspectiva de género.

Para ACNUR, OIM y ONUDH resultan profundamente preocupantes las imágenes mostradas en los videos difundidos en medios de comunicación el pasado 28 de agosto que muestran a elementos del INM haciendo un uso de la fuerza en contra de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo – incluyendo niñas y niños –, contrario a los estándares internacionales en la materia, en presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Además, preocupa la información recibida por las agencias sobre amenazas que habrían recibido defensores y defensoras de derechos humanos que están documentando la situación humanitaria y de derechos humanos de las personas migrantes. Cabe reiterar que su labor de defensa es fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Lo ocurrido en Chiapas el pasado fin de semana es una muestra más de la necesidad de fortalecer la capacidad de COMAR para los procesos de asilo y de establecer alternativas migratorias que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, en línea con el Marco Integral Regional para Protección y Soluciones (MIRPS), el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular del que México es parte y país campeón.

Las referidas agencias de Naciones Unidas reiteran su recomendación de garantizar que las prácticas de gestión migratoria, en particular los controles fronterizos, permitan identificar de manera efectiva a las personas que tienen necesidades de protección y brindar acceso a los procedimientos pertinentes para lo cual resulta fundamental ofrecer alternativas de migración regular para personas que no necesitan protección internacional, con el fin de no sobrecargar los sistemas de asilo.

Las agencias tienen presente que el marco legal mexicano contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.

Las agencias recuerdan que las políticas de control migratorio deben aplicarse a la luz de estándares internacionales de derechos humanos, en especial, los relativos a la protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de su estatus migratorio, y los relativos al uso de la fuerza. Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, el uso de la fuerza es una medida excepcional que debe regirse por los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas, atendiendo a la perspectiva de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, ACNUR, OIM y ONUDH reiteran su compromiso para seguir brindando su asistencia técnica y cooperación al Estado mexicano para la efectiva incorporación de los estándares internacionales en la actuación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo a la Guardia Nacional y autoridades migratorias, particularmente, durante su actuación con grupos en situación de especial vulnerabilidad.